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| ONG's ambientalistas y organizaciones políticas presentaron iniciativa popular para que Costa Salguero se trasnsforme en parque público |
La Cámara porteña ratificó que la ley con la cual se aprobó la enajenación del predio de Costa Salguero es incostitucional. La norma, según los jueces, no respeta el mecanismo legisltativo que requieren ese tipo de normas, con doble lectura y una audiencia pública entre la primera aprobación y su sanción definitiva.
Además, aunque la ley se aprobó, en 2019, con 42 votos a favor del oficialismo porteño y aliados, ahora Juntos por el Cambio no tiene ese número.
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires confirmó el fallo con el que se declaró la inconstitucionalidad de la ley que autorizaba la venta de los lotes donde el Gobierno porteño tiene proyectada la construcción de torres y demás edificios. Un reclamo, iniciado entre otros por la diputada Gabriela Cerrutti, avalado por varias organizaciones civiles que realizaron una fuerte campaña de rechazo impulsó la medida judicial. La Ley 6289 permite a la administración de Horacio Rodriguez Larreta avanzar con la iniciativa urbanística en los predios conocidos como Punta Carrasco y Costa Salguero. Entre otras consideraciones, la Cámara sostuvo que la enajenación de tierras públicas, debe contar con dos instancias de aprobación en la Legislatura porteña y una audiencia de debate.
"Nuestra Constitución es clara en cuanto a la importancia que para ella poseen tal participación ciudadana, el derecho al ambiente y, en particular, el acceso al río. Esta última referencia, tan peculiar en una carta magna, habla a las claras del componente finalista que debe guiar toda interpretación de decisiones que puedan afectar ese acceso", sostuvieron los jueces Fernando Lima y Mariana Díaz en el fallo.
El juez de primera instancia Leonardo Furchi había declarado la inconstitucionalidad de la ley tras señalar que no se habían cumplido los mecanismos legislativos establecidos para sancionar una norma del calibre de la discutida ni se había respetado el proceso de audiencias públicas a las que el Estado debe convocar obligatoriamente para estos casos.
"Podrá estarse o no de acuerdo con aquellas decisiones, pero lo cierto es que, para adoptarlas, hay que respetar determinadas exigencias que en el caso no han sido cumplidas por la normativa cuestionada", afirmaron los magistrados.
Los jueces Lima y Díaz señalaron que no puede "dejarse pasar la afirmación de que esta sala estaría avasallando lo ya decidido por la Legislatura, cuando justamente lo que ahora se discute es que no se cumplieron los recaudos y pasos específicos para adoptar medidas como la aquí atacadas".
"De adoptarse una interpretación como la que propone la Procuración de la Ciudad, la más ínfima mayoría simple bastaría para adoptar decisiones en asuntos que requieren de mayorías agravadas o saltearse los recaudos constitucionalmente previstos, clausurando el acceso a la justicia bajo una errada invocación de la división de poderes que soslaya la consagración de derechos colectivos; especialmente prevista para fortalecer la protección de situaciones jurídicas tales como el ambiente o el derecho a la participación con el alcance contemplado por el constituyente", enfatizaron.
Cuando hizo lugar al amparo presentado por la diputada Cerruti, del Frente de Todos, y la asociación civil Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) contra el Gobierno porteño, el juez de grado declaró "la inconstitucionalidad de la Ley 6.289 por ser contraria a los artículos 63, 89 incisos 4 y 6, y 90 de la Constitución de la Ciudad".
El artículo 63 fija el proceso para la convocatoria de las audiencias públicas por parte del Estado porteño.
El 89 y 90, establecen los mecanismos legislativos para el tratamiento de las leyes denominadas "de doble lectura".
La legisladora porteña, Claudia Neira (FdT) recordó que también se presentó la iniciativa popular junto al senador Mariano Recalde (FdT) para crear un parque público en el predio costero, con más de 40 mil adhesiones de vecinos.
Para Neira, el Gobierno porteño "debería replantear el proyecto seriamente y abrir otras instancias de debate ya que cualquier persona quiere acceder al río".
