La Justicia porteña comenzó a tomar competencia en los caos de lesiones dolodas y culposas y narcomenudeo (tenencia para consumo personal, tenencia simbre y tenencia para comercialización).
A partir de la transferencia de competencias, se inició un nuevo proceso desde la justicia nacional a la local a partir de la ley porteño 5935 que aceptó el traspaso y que representó que durante el 2018 fueron transferidos 31 delitos.
“En 2018 se ha advertido la necesidad de dar respuestas racionales a los nuevos planteos generados por los delitos traspasados, en especial la resistencia a la autoridad y delitos contra la administración pública local. Va a ser necesario agilizar el sistema de traslado de personas detenidas, la seguridad en los lugares de alojamiento, la seguridad en las salas de audiencias, la necesidad de congregar a los ministerios públicos y la jurisdicción en una única zona de la ciudad de Buenos Aires (polo judicial), contar con cárceles propias, etc.”, explicó la presidenta de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Silvina Manes.
La justicia porteña indicó que el 7 de diciembre de 2017 la Legislatura porteña ratificó lo estipulado en la ley n.° 26.702, a través de la ley local n.º 5935. Como consecuencia, en la resolución conjunta DG n.º 26/18, AGT n.º 17/18 y FG n.º 32/18, firmada en febrero de 2018, se dispuso la entrada en vigencia de la mayor parte de los delitos contemplados en dicha normativa nacional a partir del 1º de marzo de 2018; mientras que narcomenudeo ylesiones fueron asumidos el pasado 1º de enero de 2019. “Estos dos grupos de delitos tienen un gran caudal de causas que, de ingresar todas juntas, hacen presumir que se hubiese incidido de manera perjudicial en el normal desempeño de la gestión judicial”, explicó la titular del juzgado n.° 13, María Lorena Tula del Moral.
Respecto a esta nueva etapa, Manes afirmó que “más allá de no estar de acuerdo con el desmembramiento de las investigaciones en materia de estupefacientes, a la luz de las experiencias de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, el traspaso va a demostrar la preparación de los operadores judiciales para recibir cualquier competencia penal, sin perjuicio de ser necesario el fortalecimiento de cuerpos periciales para los ministerios públicos, la creación de centros educativos y curativos en materia de estupefacientes, la suscripción de convenios con dependencias nacionales para poder abordar correctamente las investigaciones, sin perjuicio que -seguramente- se va a advertir la falta de jueces, fiscales y defensores, que son los que deben pasar del sistema nacional al local para seguir dando respuestas de calidad al justiciable”.
