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| Un proyecto de ley busca legalizar el servicio de Uber |
Hasta ahora la prestación del servicio que enfurece a los conductores de taxis, viene afrontando una batalla en la Justicia, sin que el Gobierno porteño por el momento defina acerca del tema. Por otra parte, si bien el radicalismo -que conforma la bancada Evolución- ya integra Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires, en la Legislatura se mantiene autónomo, como en la propuesta que difundió ayer el diputado porteño Marcelo Guouman (Evolución). Se trata de un proyecto de ley para regular el Transporte Privado de Pasajeros con Chofer y "establecer las normas que regulan a los prestadores del servicio y a quienes ejerzan su administración mediante plataformas o aplicaciones de vinculación. Se trata de las plataformas que unen personas deseosas de prestar un servicio de transporte de manera lucrativa con otras necesitadas de transportarse de manera segura, rápida, eficiente y fácilmente accesible (Uber, Lyft, entre otros)".
El bloque explicó que "el proyecto propone algunas diferencias con anteriores iniciativas", como un límite al cupo de permisos, prohibición expresa del arrendamiento del vehículo y la inscripción en la AFIP, mientras que crea el Fondo de Movilidad Sustentable compuesto por el 3% de cada viaje para destinarlo a mejorar el tránsito.
Entre otros requisitos propone que los conductores sean propietarios de, al menos, un 50% del vehículo, lo que considera que se diferencia así la prestación, de las actuales modalidades existentes para vehículos de hasta cinco 5 plazas, que podían ser prestadas por un conductor asistente.
Otra diferencia que establece la propuesta es sobre la antigüedad y el valor del vehículo, estableciendo el máximo de siete 7 años, a diferencia de los diez 10 años que impone la normativa para el Servicio de Transporte de Taxis. Agrega además que los choferes como las Administradoras de Plataformas son responsables solidarios por los daños que se ocasionen a los usuarios o a terceros en caso de un eventual siniestro.
El bloque explicó que "el proyecto propone algunas diferencias con anteriores iniciativas", como un límite al cupo de permisos, prohibición expresa del arrendamiento del vehículo y la inscripción en la AFIP, mientras que crea el Fondo de Movilidad Sustentable compuesto por el 3% de cada viaje para destinarlo a mejorar el tránsito.
Entre otros requisitos propone que los conductores sean propietarios de, al menos, un 50% del vehículo, lo que considera que se diferencia así la prestación, de las actuales modalidades existentes para vehículos de hasta cinco 5 plazas, que podían ser prestadas por un conductor asistente.
Otra diferencia que establece la propuesta es sobre la antigüedad y el valor del vehículo, estableciendo el máximo de siete 7 años, a diferencia de los diez 10 años que impone la normativa para el Servicio de Transporte de Taxis. Agrega además que los choferes como las Administradoras de Plataformas son responsables solidarios por los daños que se ocasionen a los usuarios o a terceros en caso de un eventual siniestro.
