Finalmente y en forma gradual, el distrito porteño comenzará a investigar delitos penales que hasta ahora, aún ocurriendo en su geografía, estaban a cargo de la Justicia nacional. La Ciudad de Buenos Aires comenzará a juzgar 31 figuras penales que le fueron transferidas en 2011, pero que recién a fin del año pasado terminó de aceptar la Legislatura porteña, que durante el kirchnerismo se resistía a aceptar las competencias si no venían con los fondos correspondientes. Sin embargo, por ahora, si bien el juzgamiento de esos delitos penales lo hacían los fueros nacionales, todavía hay resistencia a la transferencia de jueces y despachos, por lo cual, desde el Ministerio de la Defensa sintetizaron que, “nuevos delitos, mismos jueces”, será por ahora.
Esos delitos abarcan, entre otros, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, denegación y retardo de justicia, falsificación de sellos, timbres y marcas, delitos de los funcionarios públicos contra la libertad individual, delitos contra la libertad de trabajo y asociación, desarmado de autos sin autorización, profilaxis y suministro infiel e irregular de medicamentos, abuso de armas, violación de domicilio, tenencia, portación y provisión de armas de guerra de uso civil condicional, delitos y contravenciones en el deporte y en espectáculos deportivos, atentado y resistencia contra la autoridad.
Una resolución conjunta de la Fiscalía General porteña, interinamente a cargo de Luis Cevasco; del Ministerio de la Defensa donde el defensor general es Horacio Corti y el Ministerio Público Tutelar determinó que a partir del primero de marzo próximo esas figuras deber ser investigadas por la justicia porteña, cuando ocurran en la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. La resolución fue remitida al Consejo de la Magistratura. El organismo deberá aprobar la decisión, dentro de los veinte días a partir de recibir la comunicación, pero si no se explide en el plazo contemplado, la resolución quedará aprobada sin necesidad de ningún otro trámite.
Desde el Ministerio de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, se explicó que la transferencia de competencias de la Justicia Nacional a la órbita porteña ocurre en el marco de lo dispuesto por la Ley Nacional 26.702, a la que la Legislatura local adhirió en diciembre pasado y que determinó la integración gradual de competencias judiciales en materia penal.
“El traspaso progresivo de competencias consolida la autonomía de la Ciudad y garantiza que todos los que habitan en suelo porteño puedan acceder a su propia justicia local de manera más rápida y efectiva”, aseguró Corti.
Además, de acuerdo a las disposiciones de la ley 5935 de la Ciudad, la transición debe producirse de acuerdo al cronograma estipulado por los Ministerios Públicos, de manera que podrán eorganizarse las estructuras actuales para incorporar el juzgamiento de las figuras penales transferidas de la justicia nacional.
El traspaso de las competencias le significará aproximadamente un punto más de coparticipación en el presupuesto de Horacio Rodriguez Larreta que será destinado a la justicia, pero también el Gobierno nacional contemplará un retroactivo por anteriores convenios que no consideraron el traspaso de las partidas presupuestarias.
A principios de este mes, por otra parte, la Justicia porteña incorporá entre las nuevas figuras que estarán a su cargo, la facilitación de la prostitución, picadas de automóviles y el trabajo infantil.
En otro sentido, el ministerio Público Fiscal al anunciar el cronograma que comenzará el 1 de marzo, destacó que además de las figuras mencionadas “cuando se trate de actos cometidos por funcionarios públicos porteños o contra ellos, tramitarán ante la justicia local los delitos de atentado y resistencia contra la autoridad; falsa denuncia de delitos cuya competencia esté transferida a la CABA ; usurpación de autoridad, títulos u honores; abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos; violación de sellos y documentos; cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; prevaricato; denegación y retardo de justicia; falso testimonio; evasión y quebrantamiento de pena.El cronograma alcanza también a los delitos de funcionarios contra la libertad individual; contra la libertad de trabajo y asociación; estafa procesal en procesos judiciales tramitados ante los tribunales porteños; defraudación -si se comete contra la Administración Pública local; contra la seguridad del tránsito; desarmado de autos sin autorización.
