Una posibilidad de mejorar la calidad del viaje de los usuarios con costos más bajos, desató una guerra porteña entre los taxistas y la internacional Uber que, según el gobierno porteño no se encuentra en cumplimiento de las normas para operar. En realidad parece existir un vacío legal para este sistema que apunta a la existencia de la libertad de mercado.
Lo cierto es que los dueños de flotas de taxis alquilan los autos con licencia a $ 1000 diarios generando extensas jornadas laborales para los conductores que no son óptimas. El costo entre el taxi y lo que ofrece Uber tiene una diferencia más que interesante para el consumidor.
Por ahora, ganan los taxistas: La justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, de modo inmediato, arbitre las medidas necesarias para suspender cualquier actividad que desarrolle la empresa UBER o cualquier sociedad bajo ese nombre y tipo de actividad. La suspensión se extenderá hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el amparo impulsado por el Sindicato de Peones de Taxis de la Capital Federal. Ante la diversidad de intereses en juego, en la sentencia se ordena reconducir la vía del amparo hacia un proceso colectivo de conocimiento pleno.
