Legisladores K y de la izquierda apuran al PRO a que de precisiones.
por Patricia García
para Ambito Financiero
Paseo Colón al 900 |
, al kirchnerismo le preocupa el destino del excentro clandestino de detención El Atlético. Si bien el macrismo asegura que lo conservará en el bajo autopista con la intersección de la avenida San Juan, generaría un embudo en el corto trayecto que tendrían esos carriles partiendo desde la Plaza de Mayo hacia La Boca. Otro tanto ocurrirá en la zona de la Casa Rosada y la Facultad de Ingeniería, pero la fórmula Metrobús le ha dado rédito electoral a Macri y la quiere de todos modos expandir. Por un lado, está el proyecto del bloque K que preside la legisladora Gabriela Alegre, y, por otro, el del izquierdista Alejandro Bodart, que podrían unificarse, incluso, si el PRO les presta votos en el recinto a sus rivales para incorporar el tema sobre tablas. Las iniciativas sostienen que el Gobierno porteño había acordado con algunos frentistas de la zona que debería ensancharse la cesión de 10 metros de sus frentes a cambio de diversas obras, pero que finalmente, a fines de enero, llovieron las intimaciones de la administración macrista sin considerar ese acuerdo. Otra de las respuestas que buscarán el kirchnerismo y Bodart es acerca de la realización de un estudio de impacto ambiental que garantice la sustentabilidad del proyecto. Al mismo tiempo, señalan que entre los afectados hay "familias que viven en el trazado en cuestión, varios comercios, la Asamblea de San Telmo, el CAINA (Centro de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia), la Escuela del Casco Histórico, una Escuela de Psicología Social y la sala de Teatro Severino Di Giovanni". Todos esos lugares, que incluyen la playa de estacionamiento de este diario, serían modificados para obtener unos 18 metros para la ampliación de la avenida Paseo Colón en su tramo más angosto actualmente, desde Carlos Calvo hasta el Parque Lezama en dirección sur pasando por debajo de la Autopista 25 de Mayo. Otra de las cuestiones que no aclaró por el momento el área de Transporte del Gobierno de Macri es "si el organismo a cargo del proyecto tiene especificadas las obras para la adecuación de los frentistas y una solución habitacional para las familias" que perderían sus viviendas por la realización de la obra. El Gobierno porteño intimó al desalojo de distintos inmuebles sosteniendo una vieja ordenanza de más de cuatro décadas que obligó a la expropiación de lotes con la intención de ampliar la avenida, pero nunca fueron reclamadas las parcelas, ya que el emprendimiento no se realizó. En algunos casos, los frentistas ya recurrieron a la Justicia y, en otros, iniciaron reclamos por la vía administrativa mientras esperan una respuesta a través de los legisladores, que también ponen en duda la protección que puedan tener algunos edificios que se verían afectados en función de las leyes porteñas de conservación y preservación del patrimonio arquitectónico e histórico.
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