por Patricia García
para Ambito Financiero
 |
| El enfrentamiento entre la Policía Metropolitana y manifestantes derivó en la interpelación del ministro Guillermo Montenegro |
El Gobierno porteño volvió a respaldar ayer al ministro de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro, tras los incidentes ocurridos el viernes pasado en el Hospital Borda y luego de que la Legislatura interpelara al funcionario. Hoy la oposición al PRO deliberará para definir si pedirá la citación de otros ministros, mientras el gremio de estatales convocó a un paro de actividades para mañana, al que adhirió también la agrupación de los subterráneos que suspenderá el servicio durante una hora.
La Justicia multó al jefe de Gobierno, al procurador y al ministro de Desarrollo Urbano por presunto incumplimiento de medidas procesales, mientras que los rivales del PRO amenazan con la presentación de denuncias penales esta semana, además de un simbólico pedido de juicio político al mandatario de la Ciudad de Buenos Aires.
Ayer fue el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, quien, en un periplo radial reiteró lo que ya había señalado Mauricio Macri el mismo viernes, es decir, que "no hay ninguna razón" para que Montenegro, "renuncie", después del brutal enfrentamiento que protagonizó la Policía
Metropolitana, a su cargo, con manifestantes y que dejó más de 30 heridos, entre ellos policías, médicos, enfermeras y periodistas. El Gobierno porteño se propone llevar adelante la construcción de un Centro Cívico para trasladar el Palacio Municipal y otras dependencias en los terrenos que ocupan instalaciones del neuropsiquiátrico y el viernes a la madrugada comenzó la demolición de un área destinada a talleres protegidos.
Los bloques opositores al macrismo tienen previsto presentar un proyecto de ley para que se reconstruya ese edificio, sin duda una norma que, de aprobarse, sería vetada por Macri.
Rodríguez Larreta aseguró ayer que todo lo actuado por Montenegro fue "en el marco de la legalidad" y explicó que la Metropolitana "actuó porque los manifestantes estuvieron tirando piedras durante una hora y media". El funcionario macrista reiteró que el Gobierno porteño va a "seguir adelante" con el proyecto de Centro Cívico, para el cual se rematará el edificio Del Plata, el exmercado de la avenida Carlos Pellegrini, a metros del Obelisco, donde funcionan oficinas públicas. Por ahora, la Justicia suspendió la construcción.
La oposición, en la Legislatura porteña, viene pidiendo la renuncia del ministro, que Macri respaldó y esta semana definirán si solicitan la presencia de otros funcionarios en el pleno o en comisiones, que pueden ser la ministra de Salud, Graciela Reybaud, y el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, encargado de llevar adelante las obras del Centro Cívico en el barrio de Barracas.
La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) anunció que hoy realizará una conferencia de prensa relacionada con los hechos. En un comunicado, los gremialistas dijeron que "ante la brutal represión ocurrida el pasado viernes en el Hospital Borda, que incluyó siete detenidos, más de 40 heridos -entre ellos trabajadores de los Talleres Protegidos, internos del neuropsiquiátrico y periodistas- y las inaceptables declaraciones de Mauricio Macri, la Central de Trabajadores conducida por Hugo Yasky dará una conferencia de prensa en su sede de Piedras 1065, de esta Capital". A la presentación asistirán, además de Yasky, el secretario general de la Junta Interna de Talleres Protegidos del Hospital Borda,Marcelo "Nono" Frondizi; el secretario de Derechos Humanos, Pablo Reyner, y Carlos Girotti.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que conduce Julio Fuentes, decidió parar las actividades mañana en repudio del "accionar represivo de la Policía Metropolitana y la Infantería contra empleados del Hospital Borda". En la Ciudad de Buenos Aires, la huelga afectaría principalmente a hospitales, ya que el gremio mayoritario en el distrito es Sutecba. Gremialistas de ATE participaron, el viernes, de la protesta que intentó impedir la construcción en los terrenos del Borda.
"En respuesta al accionar represivo de la Policía Metropolitana contra trabajadores del Hospital Borda de la Ciudad de Buenos Aires y organizaciones sociales y gremiales, la ATE convoca a un paro nacional de actividades de todos los estatales para el próximo martes 30 de abril", señalaron los gremialistas en un comunicado.
Por otra parte, el gremio aseguró que "gracias a la masiva presencia de trabajadores y militantes de ATE frente a la dependencia de la Policía Metropolitana en el barrio de Parque Patricios, las ocho personas detenidas durante la brutal represión en el Hospital Borda ya fueron liberadas".
A su vez, trabajadores del Hospital Borda participarán mañana de las protestas junto con ATE, mientras que el sindicato del subte también acompañará el paro con el levantamiento de los molinetes durante dos horas -permitiendo que los usuarios viajen gratis- y un cese del servicio en las seis líneas del transporte durante una hora, entre las 12 y las 13.
"Resulta preocupante la modalidad con que la gestión de Mauricio Macri ha decidido resolver el conflicto del espacio público en la Ciudad. No con diálogo y propuestas, sino con el uso violento del aparato represivo como único método", indicaron los gremialistas.
En la Legislatura porteña, el izquierdista Alejandro Bodart (MTS-Proyecto Sur) solicitará el juicio político a Macri, algo que no puede prosperar por falta de votos para la iniciativa que requiere de dos tercios de las 60 bancas, mientras el PRO retiene 26. En cambio, la oposición, que reúne más de 30 votos, podría aprobar el proyecto de reconstrucción del edificio derribado, también simbólicamente, ya que no sería aceptado por Macri.
Ante la Justicia se habían presentado, en agosto del año pasado, dos amparos, uno por parte de Frondizi (Borda) y otro por parte de los legisladores Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo. La Cámara resolvió el cumplimiento de varias medidas para levantar la cautelar dictada en ese momento y una jueza de primera instancia las dio por concretadas. Pero el viernes la Justicia decidió que se prolongue la cautelar "hasta tanto se dirima la cuestión de la apelación del fallo de primera instancia del 19 de febrero pasado" y dispuso sanciones económicas a Macri, al procurador Julio Conte Grand, y aChain, con una multa de $ 20 mil a cada uno por desconocer el fallo de la Justicia. Los jueces calificaron de "inaceptable desconocimiento de la jurisdicción de esta sala".
En ese sentido, el Gobierno nacional siguió cargando ayer sobre los hechos, contra Macri.
La ministra de Seguridad, Nilda Garré, solicitó que "rectifique la orientación que favorece la violencia institucional antes de que se produzcan más víctimas" y que "el macrismo desobedece a la Justicia y sube la apuesta de la violencia ante manifestaciones públicas".
La Justicia multó al jefe de Gobierno, al procurador y al ministro de Desarrollo Urbano por presunto incumplimiento de medidas procesales, mientras que los rivales del PRO amenazan con la presentación de denuncias penales esta semana, además de un simbólico pedido de juicio político al mandatario de la Ciudad de Buenos Aires.
Ayer fue el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, quien, en un periplo radial reiteró lo que ya había señalado Mauricio Macri el mismo viernes, es decir, que "no hay ninguna razón" para que Montenegro, "renuncie", después del brutal enfrentamiento que protagonizó la Policía
Metropolitana, a su cargo, con manifestantes y que dejó más de 30 heridos, entre ellos policías, médicos, enfermeras y periodistas. El Gobierno porteño se propone llevar adelante la construcción de un Centro Cívico para trasladar el Palacio Municipal y otras dependencias en los terrenos que ocupan instalaciones del neuropsiquiátrico y el viernes a la madrugada comenzó la demolición de un área destinada a talleres protegidos.
Los bloques opositores al macrismo tienen previsto presentar un proyecto de ley para que se reconstruya ese edificio, sin duda una norma que, de aprobarse, sería vetada por Macri.
Rodríguez Larreta aseguró ayer que todo lo actuado por Montenegro fue "en el marco de la legalidad" y explicó que la Metropolitana "actuó porque los manifestantes estuvieron tirando piedras durante una hora y media". El funcionario macrista reiteró que el Gobierno porteño va a "seguir adelante" con el proyecto de Centro Cívico, para el cual se rematará el edificio Del Plata, el exmercado de la avenida Carlos Pellegrini, a metros del Obelisco, donde funcionan oficinas públicas. Por ahora, la Justicia suspendió la construcción.
La oposición, en la Legislatura porteña, viene pidiendo la renuncia del ministro, que Macri respaldó y esta semana definirán si solicitan la presencia de otros funcionarios en el pleno o en comisiones, que pueden ser la ministra de Salud, Graciela Reybaud, y el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, encargado de llevar adelante las obras del Centro Cívico en el barrio de Barracas.
La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) anunció que hoy realizará una conferencia de prensa relacionada con los hechos. En un comunicado, los gremialistas dijeron que "ante la brutal represión ocurrida el pasado viernes en el Hospital Borda, que incluyó siete detenidos, más de 40 heridos -entre ellos trabajadores de los Talleres Protegidos, internos del neuropsiquiátrico y periodistas- y las inaceptables declaraciones de Mauricio Macri, la Central de Trabajadores conducida por Hugo Yasky dará una conferencia de prensa en su sede de Piedras 1065, de esta Capital". A la presentación asistirán, además de Yasky, el secretario general de la Junta Interna de Talleres Protegidos del Hospital Borda,Marcelo "Nono" Frondizi; el secretario de Derechos Humanos, Pablo Reyner, y Carlos Girotti.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que conduce Julio Fuentes, decidió parar las actividades mañana en repudio del "accionar represivo de la Policía Metropolitana y la Infantería contra empleados del Hospital Borda". En la Ciudad de Buenos Aires, la huelga afectaría principalmente a hospitales, ya que el gremio mayoritario en el distrito es Sutecba. Gremialistas de ATE participaron, el viernes, de la protesta que intentó impedir la construcción en los terrenos del Borda.
"En respuesta al accionar represivo de la Policía Metropolitana contra trabajadores del Hospital Borda de la Ciudad de Buenos Aires y organizaciones sociales y gremiales, la ATE convoca a un paro nacional de actividades de todos los estatales para el próximo martes 30 de abril", señalaron los gremialistas en un comunicado.
Por otra parte, el gremio aseguró que "gracias a la masiva presencia de trabajadores y militantes de ATE frente a la dependencia de la Policía Metropolitana en el barrio de Parque Patricios, las ocho personas detenidas durante la brutal represión en el Hospital Borda ya fueron liberadas".
A su vez, trabajadores del Hospital Borda participarán mañana de las protestas junto con ATE, mientras que el sindicato del subte también acompañará el paro con el levantamiento de los molinetes durante dos horas -permitiendo que los usuarios viajen gratis- y un cese del servicio en las seis líneas del transporte durante una hora, entre las 12 y las 13.
"Resulta preocupante la modalidad con que la gestión de Mauricio Macri ha decidido resolver el conflicto del espacio público en la Ciudad. No con diálogo y propuestas, sino con el uso violento del aparato represivo como único método", indicaron los gremialistas.
En la Legislatura porteña, el izquierdista Alejandro Bodart (MTS-Proyecto Sur) solicitará el juicio político a Macri, algo que no puede prosperar por falta de votos para la iniciativa que requiere de dos tercios de las 60 bancas, mientras el PRO retiene 26. En cambio, la oposición, que reúne más de 30 votos, podría aprobar el proyecto de reconstrucción del edificio derribado, también simbólicamente, ya que no sería aceptado por Macri.
Ante la Justicia se habían presentado, en agosto del año pasado, dos amparos, uno por parte de Frondizi (Borda) y otro por parte de los legisladores Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo. La Cámara resolvió el cumplimiento de varias medidas para levantar la cautelar dictada en ese momento y una jueza de primera instancia las dio por concretadas. Pero el viernes la Justicia decidió que se prolongue la cautelar "hasta tanto se dirima la cuestión de la apelación del fallo de primera instancia del 19 de febrero pasado" y dispuso sanciones económicas a Macri, al procurador Julio Conte Grand, y aChain, con una multa de $ 20 mil a cada uno por desconocer el fallo de la Justicia. Los jueces calificaron de "inaceptable desconocimiento de la jurisdicción de esta sala".
En ese sentido, el Gobierno nacional siguió cargando ayer sobre los hechos, contra Macri.
La ministra de Seguridad, Nilda Garré, solicitó que "rectifique la orientación que favorece la violencia institucional antes de que se produzcan más víctimas" y que "el macrismo desobedece a la Justicia y sube la apuesta de la violencia ante manifestaciones públicas".
