por Patricia GarciaLos bloques legislativos rivales al PRO y al kirchnerismo piden anular las audiencias públicas realizadas el 11 de diciembre y acudirían a la justicia. Si lograran esa petición, no podrían aprobarse este año varias leyes, entre ellas las que permitirán desarrollar el plan de viviendas del gobierno nacional.
Vecinos en la Legislatura
para Ambito Financiero
En la tensión entre el kirchnerismo y el PRO, ante el acuerdo de votaciones mutuas que no termina de concretarse, se entrometieron ahora organizaciones no gubernamentales.
El paquete de leyes que vienen intercambiando el macrismo y el interbloque K se refiere en su mayoría a normas urbanísticas o de afectación de bienes públicos, cuyo mecanismo de sanción es de doble lectura. Es decir, se aprueban, se realiza luego una audiencia pública para que los vecinos se expresen acerca de los proyectos y vuelven al recinto. Esa segunda lectura está pensada para esta semana o la próxima, y desde su aprobación inicial no hubo mucho tiempo.
Por eso ayer se acumuló la realización de audiencias de temas polémicos para las cuales hubo récord de anotados, más de mil en conjunto, por lo cual hubo retrasos, quejas, discusiones y hasta incidentes. La idea de un grupo era, justamente, retrasar el proceso para evitar, supuestamente, que el proyecto del Gobierno nacional para construir viviendas en el barrio de Caballito no llegara a tiempo para obtener su aprobación definitiva este año.
Ayer pudieron realizarse solamente las audiencias sobre la ley que permitirá la construcción en el Parque Roca de un Centro de Transferencias y que ocupará 37 ha de espacio público y la norma que le permitirá a Mauricio Macri rematar el ex Mercado del Plata, frente al Obelisco porteño, donde funcionan oficinas públicas. Con esos fondos, el jefe de Gobierno avanzará con el desarrollo de un Centro Cívico en el barrio de Barracas, donde están los neuropsiquiátricos Borda y Moyano.
La discusión allí se tensó con integrantes de una ONG que increparon al titular del bloque K, Juan Cabandié, en un intercambio verbal que pasó a las manos. «Se está tratando de confundir a los ciudadanos con falsos argumentos ya que se está fomentando la negativa a proyectos de recuperación de espacios públicos donde hoy no existen más que playas de maniobra ferroviarias», consideró Cabandié.
Los reclamos suspendieron los encuentros más polémicos, como el del plan Pro.Cre.Ar en terrenos de Caballito, Palermo y Liniers, y otro similar para barrios del sur, para hoy a la mañana.
Pero los legisladores de los bloques rivales al macrismo y al kirchnerismo pidieron la anulación de las audiencias, en principio como un reclamo administrativo. A su vez, el exdiputado Facundo Di Filipo (dirigente del Partido Social de la Ciudad que anima Fabiana Ríos) anticipó que pedirá un amparo ante la Justicia.
Los argumentos son coincidentes para esas dos presentaciones y apuntan a la convocatoria y el horario. El legislador Alejandro Bodart (Proyecto Sur) sostuvo que «el PRO y los K diseñaron las audiencias de modo tal que impide una real participación» ya que «el artículo 43 de la Ley 6 de Audiencias Públicas dice que éstas deben ser en horario vespertino, las citaron en horario de trabajo, sin publicidad previa, con poco espacio, interrupciones, postergaciones y otras irregularidades que las vician de nulidad». El pedido lo firmaron, entre otros, además de Bodart, Pablo Bergel (Proyecto Sur), Fabio Basteiro, Laura García Tuñón y María América González (Buenos Aires para Todos), Fernando Sánchez y Rocío Sánchez Andía (Coalición Cívica), y Rubén Campos y Claudio Presman (UCR).
Si prosperara la anulación, se complicaría el acuerdo para sancionar las normas, inclusive pedidas por Cristina de Kirchner, este año.
El paquete de leyes que vienen intercambiando el macrismo y el interbloque K se refiere en su mayoría a normas urbanísticas o de afectación de bienes públicos, cuyo mecanismo de sanción es de doble lectura. Es decir, se aprueban, se realiza luego una audiencia pública para que los vecinos se expresen acerca de los proyectos y vuelven al recinto. Esa segunda lectura está pensada para esta semana o la próxima, y desde su aprobación inicial no hubo mucho tiempo.
Por eso ayer se acumuló la realización de audiencias de temas polémicos para las cuales hubo récord de anotados, más de mil en conjunto, por lo cual hubo retrasos, quejas, discusiones y hasta incidentes. La idea de un grupo era, justamente, retrasar el proceso para evitar, supuestamente, que el proyecto del Gobierno nacional para construir viviendas en el barrio de Caballito no llegara a tiempo para obtener su aprobación definitiva este año.
Ayer pudieron realizarse solamente las audiencias sobre la ley que permitirá la construcción en el Parque Roca de un Centro de Transferencias y que ocupará 37 ha de espacio público y la norma que le permitirá a Mauricio Macri rematar el ex Mercado del Plata, frente al Obelisco porteño, donde funcionan oficinas públicas. Con esos fondos, el jefe de Gobierno avanzará con el desarrollo de un Centro Cívico en el barrio de Barracas, donde están los neuropsiquiátricos Borda y Moyano.
La discusión allí se tensó con integrantes de una ONG que increparon al titular del bloque K, Juan Cabandié, en un intercambio verbal que pasó a las manos. «Se está tratando de confundir a los ciudadanos con falsos argumentos ya que se está fomentando la negativa a proyectos de recuperación de espacios públicos donde hoy no existen más que playas de maniobra ferroviarias», consideró Cabandié.
Los reclamos suspendieron los encuentros más polémicos, como el del plan Pro.Cre.Ar en terrenos de Caballito, Palermo y Liniers, y otro similar para barrios del sur, para hoy a la mañana.
Pero los legisladores de los bloques rivales al macrismo y al kirchnerismo pidieron la anulación de las audiencias, en principio como un reclamo administrativo. A su vez, el exdiputado Facundo Di Filipo (dirigente del Partido Social de la Ciudad que anima Fabiana Ríos) anticipó que pedirá un amparo ante la Justicia.
Los argumentos son coincidentes para esas dos presentaciones y apuntan a la convocatoria y el horario. El legislador Alejandro Bodart (Proyecto Sur) sostuvo que «el PRO y los K diseñaron las audiencias de modo tal que impide una real participación» ya que «el artículo 43 de la Ley 6 de Audiencias Públicas dice que éstas deben ser en horario vespertino, las citaron en horario de trabajo, sin publicidad previa, con poco espacio, interrupciones, postergaciones y otras irregularidades que las vician de nulidad». El pedido lo firmaron, entre otros, además de Bodart, Pablo Bergel (Proyecto Sur), Fabio Basteiro, Laura García Tuñón y María América González (Buenos Aires para Todos), Fernando Sánchez y Rocío Sánchez Andía (Coalición Cívica), y Rubén Campos y Claudio Presman (UCR).
Si prosperara la anulación, se complicaría el acuerdo para sancionar las normas, inclusive pedidas por Cristina de Kirchner, este año.
