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| Mauricio Macri |
Cualquier desprolijidad en el proyecto de ley sería, sin embargo, disimulada ya que el gobierno nacional viene forzando el traspaso de los subtes y tras esa decisión también los gremios y la propia empresa concesionaria.
por Patricia García
para Ambito Financiero
En cuotas, el Gobierno porteño está dando a conocer, desde el viernes, detalles del proyecto de ley que formalmente presentará mañana en la Legislatura, para concretar el traspaso del servicio de subterráneos al gerenciamiento por parte de la Ciudad de Buenos Aires.
Mauricio Macri, sin embargo, no propone la transferencia propiamente dicha en esa iniciativa. Tal como anticipó este diario, la letra del proyecto es una toma de facto, al punto que la redacción estipula «asúmese». De esa manera -si se aprobara tal como la envía y si la envía tal como la anticipó el PRO- el Gobierno porteño «toma» el servicio y los bienes, que son de la Ciudad y que fueron concesionados por el Gobierno nacional en los 90. Así, creen, la concesionaria Metrovías, a la cual le dejarán el manejo del funcionamiento durante tres meses, podría hacer un reclamo. Por ahora, la empresa envió un comunicado en el cual sostiene que está de acuerdo con el traspaso, pero que los once meses de demora le han generado un déficit de $ 220 millones, que asume repercutió en la calidad del servicio, pero remarca el resultado de la auditoría del Metro de Barcelona que no consideró una emergencia en el transporte.
Por otra parte, para algunos macristas que conocen la letra del proyecto, si se da de baja el contrato, caerían beneficios sindicales como la jornada de 6 horas por tratarse de un trabajo insalubre.
De los «metrodelegados», Roberto Pianelli explicó que eso no puede suceder, porque el Consejo Federal del Trabajo y la Ciudad de Buenos Aires ya declararon el ámbito como insalubre mediante medidas administrativas y eso seguirá vigente. También se oponen a que se sostenga, como propone el proyecto de ley, que el servicio es esencial, lo que acotaría el derecho de huelga por la obligación que genera de no interrumpir la prestación. En ese sentido, Pianelli explicó que la Organización Internacional del Trabajo definió que no se trata de un servicio esencial.
A esas quejas se suma la propuesta de aumentos del 5% en el impuesto a las patentes de autos caros, el 10% en peajes y, tal como anticipó este diario, un adicional en las naftas ($ 0,40 por litro a las premium $ 0,20 al gasoil y $ 0,15 al GNC) que viene recibiendo críticas desde otros distritos (ver Ámbito Nacional).
Por otra parte, el proyecto de la norma propone declarar el estado de emergencia por 5 años, lo que significa que le otorguen a Macri superpoderes para compras e inversiones sin pasar por los extensos trámites de llamar a licitación tradicionales y reasignación de partidas. Además, le quitarán las actividades adicionales que realiza la concesionaria, como venta de publicidad, alquiler de locales comerciales o el paso de fibra óptica, entre otros.
El kirchnerismo se ve en apuros por la necesidad de aprobar la ley para que se concrete el traspaso, pero por otro lado hasta ahora se viene oponiendo a aumentos de impuestos, con lo cual deberá buscar una fórmula para apoyar la iniciativa. Por ahora esperan conocer el proyecto una vez que ingrese a la Legislatura porteña.
Todo deberá hacerse en poco tiempo, por la necesidad de que Macri asuma el control de los subterráneos porteños antes de enero, cuando ya el Gobierno nacional dejará de aportar la cuota de subsidio para mantener la tarifa.
Una de las principales dudas de la oposición, inclusive, es saber de dónde sale la cifra de $ 1.050 millones que busca cubrir Macri con aumentos y si eso evitará la suba de la tarifa. Según cómo trascendió el proyecto, el precio del pasaje seguiría igual que ahora, a $ 2,50, por lo menos hasta abril del año que viene. El Gobierno porteño quiere crear un fideicomiso con esa recaudación, para que se destine al subte y también busca aprobación para realizar una auditoría sobre el transporte no bien se apruebe y promulgue la ley.
