Es parte de la propuesta de Mauricio Macri para financiar el mantenimiento de los subterráneos porteños y el Premetro, además de la suba en peajes y en el impuesto a las Patentes.
La tarifa ? También subirá aunque solo falta saber cuándo. Lo propone el proyecto de ley que se presentó ayer en la Legislatura. El conflicto que se viene será entre el gobierno porteño y la concesionaria Metrovías, una vez que la norma se apruebe. Como anticipamos, la ley no reconoce el contrato existente entre la empresa y el gobierno nacional, "toma" los subtes y podría definir que la actual concesionaria se quede hasta dos años, pero le quitará los adicionales que explota, como publicidad y locales comerciales.
por Patricia García
para Ambito Financiero
Se conoció ayer el proyecto completo de Mauricio Macri con el cual quiere hacerse cargo del manejo de los subterráneos porteños, una ley que ya generó rechazos, pero que descarta le aprobará la oposición, a la que deja sin salida, como él mismo se manifestó cuando tomó la decisión de asumir esa responsabilidad.
La norma abarca distintas aristas para ese manejo incluyendo desde la imposición de facultades especiales durante cinco años hasta la regulación del derecho de huelga, y la creación de una nueva sociedad estatal para el manejo del transporte que sería una SA al estilo de AySA o ENARSA, conformada por la actual Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) y el Gobierno porteño.
No queda claro, porque el proyecto deja abiertas las opciones, qué sucederá concretamente con la actual concesionaria Metrovías, pero sí que el Gobierno porteño desconoce el actual contrato que la concesionaria mantiene con el Gobierno nacional. Entonces, se tratará de un acuerdo provisorio que podría durar dos años con la empresa hasta la decisión final.
Macri pide emergencia del servicio por cinco años, y en función de esa declaración la ley establece la facultad de compras directas y también de aumentar el precio del pasaje sin necesidad de llamar a audiencia pública, como establece la Constitución porteña. Incluso ya impone la actualización anual del aumento del viaje o cuando se otorgara una suba de salarios que permita que se traslade directamente al usuario.
Así, dispone que «las tarifas deberán ser revisadas anualmente», lo cual, pasado el período de «emergencia», se hará de acuerdo con las normas porteños. Además, el proyecto señala que «en caso de incrementos de costos que superaren» en un 7% los tenidos en cuenta para el establecimiento de la tarifa técnica, se podrá rever una suba. También «los incrementos salariales del personal sujeto a convenio colectivo de trabajo del operador del servicio serán trasladados automáticamente a la tarifa técnica en el momento en que queden vigentes» de acuerdo con la iniciativa que remarca que «la totalidad del incremento de la tarifa técnica que surja de los aumentos salariales será directa e inmediatamente trasladada a la tarifa al usuario».
El proyecto (leer completo ), tal como anticipó el PRO, define al servicio como esencial, tanto el de subterráneos como el del premetro y así dispone que en caso de huelgas se debe prestar en un 90% en las horas pico y en un 60% en las horas valle.
Los sindicalistas embisten contra esa iniciativa, mientras que ayer en dos reuniones no se logró un acuerdo por salarios, lo que pospuso nuevamente el encuentro que ya incorpora el proyecto de ley como reclamo.
Por otra parte, la norma crea un fondo que se nutrirá de la llamada «tarifa técnica»que pagan los usuarios y de los aumentos de impuestos ya anunciados por el PRO, a las naftas y patentes y una suba en los peajes.
Establece la creación de la Contribución Especial Ferroviaria para «contribuir» a la prestación del servicio, que «será abonada por todos los usuarios consumidores» de «combustibles líquidos y gas natural comprimido (GNC)» dentro de la Ciudad y por el pago de un adicional en los peajes del 10%.
Especifica entonces que se aplicará $ 0,40 por cada litro a la nafta premium; nafta súper, $ 0,30; gasoil grado 3, $ 0,40; gasoil grado 2 y otros combustibles similares, $ 0,20; y el resto de los combustibles líquidos, $ 0,30. Para el GNC, el aumento será de $ 0,15.
Eso se suma a un aumento en el impuesto a las patentes de autos de más de $ 150 mil.
El tarifazo ya es rechazado por el kirchnerismo, que en general no vota los aumentos propuestos por Macri, pero desde el PRO ya advirtieron que no encuentran otra manera de juntar los fondos.
La sanción de la ley requiere de 31 votos -la mitad más uno del recinto- que el PRO no tiene, pero reúne con pocos aliados. Por ahora, no habría aceptación en todos los puntos, siendo los más conflictivos los aumentos de impuestos y la declaración de servicio esencial (ver nota aparte), dos cuestiones en las cuales por el momento el macrismo no quiere ceder.
En otro sentido, la propuesta establece una catarata de reclamos al Gobierno nacional en concepto de indemnizaciones, e inversiones.
La norma abarca distintas aristas para ese manejo incluyendo desde la imposición de facultades especiales durante cinco años hasta la regulación del derecho de huelga, y la creación de una nueva sociedad estatal para el manejo del transporte que sería una SA al estilo de AySA o ENARSA, conformada por la actual Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) y el Gobierno porteño.
No queda claro, porque el proyecto deja abiertas las opciones, qué sucederá concretamente con la actual concesionaria Metrovías, pero sí que el Gobierno porteño desconoce el actual contrato que la concesionaria mantiene con el Gobierno nacional. Entonces, se tratará de un acuerdo provisorio que podría durar dos años con la empresa hasta la decisión final.
Macri pide emergencia del servicio por cinco años, y en función de esa declaración la ley establece la facultad de compras directas y también de aumentar el precio del pasaje sin necesidad de llamar a audiencia pública, como establece la Constitución porteña. Incluso ya impone la actualización anual del aumento del viaje o cuando se otorgara una suba de salarios que permita que se traslade directamente al usuario.
Así, dispone que «las tarifas deberán ser revisadas anualmente», lo cual, pasado el período de «emergencia», se hará de acuerdo con las normas porteños. Además, el proyecto señala que «en caso de incrementos de costos que superaren» en un 7% los tenidos en cuenta para el establecimiento de la tarifa técnica, se podrá rever una suba. También «los incrementos salariales del personal sujeto a convenio colectivo de trabajo del operador del servicio serán trasladados automáticamente a la tarifa técnica en el momento en que queden vigentes» de acuerdo con la iniciativa que remarca que «la totalidad del incremento de la tarifa técnica que surja de los aumentos salariales será directa e inmediatamente trasladada a la tarifa al usuario».
El proyecto (leer completo ), tal como anticipó el PRO, define al servicio como esencial, tanto el de subterráneos como el del premetro y así dispone que en caso de huelgas se debe prestar en un 90% en las horas pico y en un 60% en las horas valle.
Los sindicalistas embisten contra esa iniciativa, mientras que ayer en dos reuniones no se logró un acuerdo por salarios, lo que pospuso nuevamente el encuentro que ya incorpora el proyecto de ley como reclamo.
Por otra parte, la norma crea un fondo que se nutrirá de la llamada «tarifa técnica»que pagan los usuarios y de los aumentos de impuestos ya anunciados por el PRO, a las naftas y patentes y una suba en los peajes.
Establece la creación de la Contribución Especial Ferroviaria para «contribuir» a la prestación del servicio, que «será abonada por todos los usuarios consumidores» de «combustibles líquidos y gas natural comprimido (GNC)» dentro de la Ciudad y por el pago de un adicional en los peajes del 10%.
Especifica entonces que se aplicará $ 0,40 por cada litro a la nafta premium; nafta súper, $ 0,30; gasoil grado 3, $ 0,40; gasoil grado 2 y otros combustibles similares, $ 0,20; y el resto de los combustibles líquidos, $ 0,30. Para el GNC, el aumento será de $ 0,15.
Eso se suma a un aumento en el impuesto a las patentes de autos de más de $ 150 mil.
El tarifazo ya es rechazado por el kirchnerismo, que en general no vota los aumentos propuestos por Macri, pero desde el PRO ya advirtieron que no encuentran otra manera de juntar los fondos.
La sanción de la ley requiere de 31 votos -la mitad más uno del recinto- que el PRO no tiene, pero reúne con pocos aliados. Por ahora, no habría aceptación en todos los puntos, siendo los más conflictivos los aumentos de impuestos y la declaración de servicio esencial (ver nota aparte), dos cuestiones en las cuales por el momento el macrismo no quiere ceder.
En otro sentido, la propuesta establece una catarata de reclamos al Gobierno nacional en concepto de indemnizaciones, e inversiones.
