por Patricia García
para Ambito Financiero
Una medida cautelar impidió ayer la realización del primer aborto legal en la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno porteño anunció que apelará la medida para defender la resolución que reglamentó el fallo de la Corte Suprema en ese sentido y que autoriza la operación en casos de mujeres violadas, entre otros. Se trataba de la aplicación de la norma del Ministerio de Salud porteño, no de la ley vetada por Mauricio Macri, que ampliaba las posibilidades.
Una ONG había presentado el viernes pasado un amparo ante la Justicia porteña, que fue rechazado, pero ayer repitió el pedido ante los fueros nacionales. No hubo sorteo para que tomara el expediente la jueza civil Miriam Rustán de Estrada, quien resolvió «decretar como medida cautelar la suspensión del aborto programado en el día de hoy en el Hospital Ramos Mejía o cualquier otro hospital de esta Ciudad». La jueza, inclusive, reconoce no saber la identidad de la mujer que solicitó la operación, por eso se refirió al aborto «anunciado para el día de la fecha por el jefe de Gobierno».
«Si la madre necesita reparar el trauma sufrido mediante su desvinculación completa del hijo engendrado, podrá hacerlo en cuanto el niño nazca, mediante el instituto de la adopción, pero no puede hacerlo mediante su eliminación de la faz de la tierra», dice el fallo.
Será la amplitud de la resolución uno de los fundamentos de la apelación que redactará el procurador de la Ciudad de Buenos Aires, Julio Conte Grand. Además, el letrado considerará que el fallo judicial no argumentó contra la norma que permite la realización de los abortos no punibles.
La jornada, tras la noticia, abundó en confrontaciones y se repartieron acusaciones tanto al Ministerio de Salud de la Nación como al jefe de Gobierno porteño. Macri se encuentra de gira por España y salió al cruce la vice en ejercicio de la jefatura de Gobierno, María Eugenia Vidal.
Desde el bloque opositor al PRO, Proyecto Sur, anticiparon que denunciarán penalmente al mandatario porteño por haber revelado el lugar y la fecha donde se realizaría la intervención.
De la Asociación Pro Familia, que presentó el recurso para frenar la operación, Pedro Andereguen consideró que «la vida del niño no es menor al dolor de la madre; ese niño es persona por nacer».
Por su parte, el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, dijo que la suspensión del aborto «es responsabilidad exclusiva de Macri» y que «acá hay una jueza nacional que se ha sublevado, que emitió esta medida desoyendo lo que establece la acordada de la Corte Suprema».
También opinó la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, a través de Eduardo Peduto, director del Centro de Protección de Datos Personales, quien envió una carta al director del Ramos Mejía, diciéndole que «adopte los recaudos necesarios para impedir la repetición de situaciones como la observada hoy». Peduto aseguró que «la vulneración de la intimidad y la privacidad de la mujer comenzó cuando, desde el Ejecutivo, se publicitaron los datos del lugar y el día de la práctica médica».
Vidal defendió a Macri, al anunciar la apelación que sustentó en que «queremos cumplir con el fallo de la Corte».
«No compartimos la medida cautelar porque no está alineada con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y creemos que viola lo decidido», dijo la vicejefa junto a Conte Grand y pidió «que la Justicia actúe con la mayor celeridad posible para darle curso a esta operación».
Sobre las acusaciones dijo que Macri «no violó la confidencialidad sobre la paciente. Fue muy general en su afirmación. Dijo que se iba a realizar un aborto de acuerdo con los requisitos legales vigentes el día martes. No habló de qué paciente se trataba ni de cuáles eran las características del caso. No dio el nombre de la paciente ni el nombre del hospital donde se iba a realizar la intervención. Por eso no creo que haya sido eso el origen de esta presentación judicial».
