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| La Legislatura porteña sesionó en forma presencial y virtual en el Salón Dorado. El vicepresidente primero Agustín Forchiere condujo el debate |
El distrito mantenía un protocolo diferente que fue judicializado en 2012 y permitía, por ejemplo, la objeción institucional de conciencia.
La propuesta la presentó el radicalismo en el recinto para debatirla sobre tablas. La aceleró, la UCR porteña, que mantiene una estrategia política no siempre en concordancia con el partido a nivel nacional pero que comienza a pisar más fuerte dentro de Juntos por el Cambio versión porteña ante la necesidad del PRO de mantener la alianza.
En principio, la sanción del protocolo para la ILE se acordó cuando, en 2019 se terminaron de cerrar las listas de candidatos, en Juntos por el Cambio, que llevaron a Martín Lousteau a la senaduría por la Capital. Se reflotó, sin embargo, en una reunión de hace unos meses, en los primeros días del 2020, cuando la UCR porteña le planteó a Horacio Rodriguez Larreta el tema. El PRO se apoyaba para evitar el debate en su decisión de no tensar relaciones con la Iglesia, además de la división interna que provocaba la iniciativa-
El bloque de legisladores porteños de la UCR -que suman 9 bancas e integran entre otros Patricia Vischi, Martín Ocampo, Juan Nosiglia, Martín Ocampo y Leandro Halperín- junto al propio Lousteau terminaron imponiéndole como condición de unidad la votación del proyecto, que, después de todo consistía, argumentaron, en una una definición que Lousteau subrayó para conformar la boleta electoral y no disputar la jefatura de Gobierno.
El pedido tuvo peso, ya que el radicalismo podría sancionar la norma apoyando proyectos idénticos del bloque opositor Frente de Todos que conduce Claudio Ferreño.
Además, otra de las razones por mantener en hermetismo que se realizaría el debate, fue no darle trascendencia para no provocar la polémica que desata el tema.
Desde la oposición, la legisladora María Rosa Muiños, en coincidencia con su bloque Frente de Todos explicó que "el protocolo ILE efectiviza un derecho vigente en el Código Penal desde 1921 y brinda un marco jurídico a lxs trabajadorxs de la salud que se encuentran frente a interrupciones de embarazos realizados en la clandestinidad y que ponen en riesgo la salud e incluso la vida de las mujeres".
Desde el radicalismo, Ocampo señaló que la adhesión de la Ciudad "es un paso importante por el derecho de las mujeres en la ciudad pero todavía falta que el congreso nacional trate la legalización del aborto. Esperamos que el oficialismo nacional acelere el tratamiento".
Así, la ley aprobada ayer, simplemente impone que La Ciudad adhiere a la Resolución N° 1/2019
del Ministerio de Salud de la Nación y adopta para su sistema de salud, conforme lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley N° 153, el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo 2da Edición 2019".
Allí se señala que "las causales que habilitan a solicitar una ILE son: que el embarazo constituya un peligro para la salud o la vida de la persona gestante, o que haya sido producto de una violación" e indica que "la causal salud puede definirse por el riesgo de afectación al bienestar físico, mental o social y entenderse que la interrupción del embarazo basada en esta causal es legalmente factible cuando cualquiera de estas dimensiones de la salud está en riesgo"
Entre otras cuestiones, la resolución nacional contempla además que "en los casos de violación, nunca es exigible la denuncia policial o judicial para acceder a una ILE, basta con una declaración jurada de que el embarazo es producto de una violación. En el caso de las niñas (menores de 13 años) la declaración jurada no es necesaria."
En diciembre pasado, el ministro de Salud de la Nación, Ginés Gonzalez García una "guía de procedimiento" que cumple con todas las leyes vigentes y que responde a "cánones de la Organización Mundial de la Salud"
